Hace más de un año, el Parlamento Europeo modificó las reglas para las empresas de Europa del Este que desplazan trabajadores a países de Europa Occidental. Las enmiendas se hicieron por dos razones principales: el doble rasero existente en salarios y cotizaciones sociales en detrimento de los trabajadores temporales, así como la devaluación del coste laboral en el territorio del país de acogida. Según la nueva regulación, cuando los empleadores envían a sus trabajadores o empleados en comisión de servicio a otro país comunitario, deben proporcionarles igual remuneración por igual trabajo en el mismo lugar. Además, los gastos de viaje y alojamiento deben ser asumidos por los empleadores, quienes también están obligados a asegurar un alojamiento digno de conformidad con la legislación nacional. La duración del desplazamiento se establece en hasta 12 meses con una prórroga de seis. Al expirar el plazo, el trabajador puede seguir trabajando en el país extranjero, pero ya bajo las condiciones reguladas por la legislación laboral en éste.
En apoyo de las nuevas normas europeas, se ha creado la plataforma WATCHDOG con el objetivo de “monitorear y supervisar los procesos de desplazamiento de los trabajadores en el territorio de la Unión Europea (UE)”. Según Hasán Ademov, presidente de la Comisión de Política Laboral, Social y Demográfica de la Asamblea Nacional, es muy importante que “el nivel de capacitación y educación se tenga en cuenta para una remuneración correcta en el marco de la Unión Europea”.
Si todas las partes interesadas –Inspectoría General del Trabajo, las instituciones gubernamentales y los sindicatos– , conectadas mediante esta plataforma, establecen mecanismos de control seguros y legales, los derechos de los trabajadores desplazados serán respetados. En este sentido, la creación de esta plataforma es un paso importante para resolver el problema en cuestión, agrega Ademov.
La plataforma es el resultado de los esfuerzos conjuntos del sindicato Podkrepa y nueve países miembros de la UE, interlocutores sociales e institutos de investigación de Dinamarca, Chipre, Letonia, Rumania, República Checa, Eslovaquia, España, Italia y Bulgaria.
Sería bueno que la gente que va a buscar el sustento fuera de su país de origen esté bien informada sobre sus derechos en el terreno –dice Dimítar Manolov, presidente de Podkrepa– . En caso de dudas o para más información, y también si se violan sus derechos, tienen la herramienta que al menos los informa, y pueden reclamar sus derechos. En este sentido, considero como esencial nuestra asociación con la Inspectoría General del Trabajo de Bulgaria.
La plataforma está disponible en los sitios web de las organizaciones asociadas. También está en construcción una página de Facebook.
Como es una plataforma abierta, el mecanismo de identificación para su uso es muy simple –explica Tódor Kachkov, gestor del proyecto por el sindicato Podkrepa– . La plataforma ya es accesible para todos, y nos aseguraremos de que la información sobre su existencia llegue al mayor número de personas. Actualmente sólo está disponible en inglés. En el marco de un mes y medio será traducida al búlgaro, checo, eslovaco, letón y todos los demás idiomas de los países socios. El proceso de ampliación de los idiomas puede llevar hasta un año debido a la gran cantidad de información. Con la Inspectoría General del Trabajo, estamos preparando un acuerdo marco de cooperación en el que buscamos mecanismos para garantizar una respuesta rápida por su parte en caso de que surja algún problema. Aunque la plataforma está orientada a los trabajadores desplazados, también puede beneficiar a los ciudadanos búlgaros que trabajan en la UE.
Versión en español de Daniela Radíchkova
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