Después de una serie de visitas a hogares de asistencia social en Bulgaria para niños con diversos grados de discapacidad, Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de “Disability Rights International”, organización de defensa de los derechos de personas con discapacidad, concluye que estos hogares son algo así como un “almacén de personas innecesarias" en Bulgaria. Según él, las vidas de estos niños no valen nada para la sociedad búlgara, y esto no solo refleja una política social, cuidados y atención médica deficientes, sino que es una violación de los derechos humanos fundamentales. Existe una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala Eric Rosenthal, que protege el derecho de absolutamente todos a vivir en comunidad y disfrutar de la oportunidad de elegir como todos los demás.

Mi interpretación de las disposiciones de esta Convención es que la integración del niño en la comunidad es su derecho a vivir en una familia. La ONU afirma que los hogares pequeños, de tipo familiar, todos estos servicios en forma de instituciones, no reemplazan en modo alguno a la familia, porque la familia es irreemplazable. La mayoría de los niños alojados allí tienen familia y, en la práctica, si ayudamos a sus familias podemos reducir a cero la cantidad de nuevos hogares sociales. Se ha demostrado que es posible encontrar una familia de acogida para todos los niños con discapacidad, independientemente de su condición, si sus padres no pueden cuidar de ellos. Este es un requisito internacional y nuestro objetivo es influir en la UE y otros donantes para que dejen de conceder fondos para la construcción o reparación de hogares infantiles pequeños, grandes y de cualquier tipo.

En ese sentido, Bulgaria es el centro de un caso judicial contra la Comisión Europea, que por primera vez ha sido desafiada por tres organizaciones de derechos humanos de personas con discapacidad en Europa. Las tres organizaciones denunciantes son la Red Europea de Vida Independiente (REVI), la Fundación “Validity” y el Centro para la Vida Independiente. Las tres han presentado su solicitud ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, desafiando así la decisión de la CE de no suspender la financiación para Bulgaria. La financiación europea gratuita de servicios para personas mayores y personas con discapacidad en Bulgaria asciende a 18 millones de euros, que se utilizarán para construir, amueblar y equipar 6 guarderías y 68 hogares sociales para personas mayores, con discapacidad y con problemas de salud mental. Los fondos se destinarán a 29 municipios, que abrirán hasta nueve establecimientos nuevos con capacidad para más de 1.000 personas.

A pesar del compromiso declarado de Bulgaria de seguir una política de desinstitucionalización, los fondos europeos también se destinarán a la creación de pequeños hogares sociales especializados para niños con discapacidad. Según las organizaciones no gubernamentales, no se pueden resolver así los graves problemas que provocan la discriminación, la exclusión social y la segregación de estas personas.

Tras recibir una negativa de la CE a suspender este tipo de inversión, a las tres ONG no les ha quedado otra opción que acudir al Tribunal de Justicia de la UE. Las imágenes que vemos de niños en esos hogares deben despertar nuestra ira justa, afirma Steven Allen, director ejecutivo de la Fundación “Validity” de defensa de las personas con discapacidad mental:

Ver las fotos de estos hogares sociales atenta contra nuestro sentido de la dignidad. Sin embargo, los problemas no son solo morales sino también legales. El hecho es que los fondos públicos de la UE se utilizan aún hoy para segregar a las personas con discapacidad; en Bulgaria, específicamente para la segregación de niños con discapacidad. El modelo de hogares de grupos pequeños, del que el país presume como modelo para la desinstitucionalización, en la práctica está financiado por el dinero de los contribuyentes europeos.

Según el derecho internacional, la UE está obligada a no financiar la segregación. Durante muchos años, nuestra organización ha identificado ejemplos de este tipo de infracciones por parte de la UE, y en Europa Central y Oriental precisamente siguen siendo financiados los hogares sociales no solo para niños con discapacidad, sino también para adultos. La CE recibe constantemente quejas y es plenamente consciente de este problema. No queremos que se desperdicie la vida de miles de personas con discapacidad, por lo que instamos a que esos fondos se destinen a ayudar a las familias.

Versión en español por Marta Ros
Fotos: driadvocacy.org y validity.ngo