La liberalización del mercado eléctrico para los consumidores particulares, es decir, el que los hogares u otros consumidores particulares de electricidad accedan al mercado libre de electricidad (al que las empresas tienen acceso desde hace años) ha quedado aplazada. Al menos por ahora.

Esta reforma tenía que entrar en vigor el 1 de julio de este año pero, finalmente, tras la primera lectura, la Asamblea Nacional ha aprobado la decisión de que la liberalización de la electricidad para los usos particulares se aplace, aunque no haya quedado claro por cuánto tiempo.

Hubo tres propuestas relativas a este asunto: dos propuestas de los partidos gobernantes y una de la oposición. El BSP (Partido Socialista Búlgaro) proponía que la reforma se aplazara por un periodo de 2 años, desde “Hay Tal Nación” querían que se aplazara por 5 años, y Renacimiento, cuya propuesta fue rechazada, quería que los precios se congelaran por otra década más. Como resultado, antes de la segunda lectura de las enmiendas a la legislación se optará por buscar una opción intermedia entre las dos primeras propuestas.

La principal razón de estas jugadas políticas es la opinión pública predominante en contra de la liberalización y el temor de muchos expertos a que pueda provocar un fuerte aumento de los precios de la electricidad. Pero, por otra parte, esta es una de las condiciones para que Bulgaria reciba la financiación del Plan de Recuperación y Sostenibilidad: Bulgaria se comprometió hace ya años con la Comisión Europea a introducir el mercado libre para los consumidores particulares. Por tanto, esto se convierte también en una premisa para sanciones por parte de Bruselas.

¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión de los eurodiputados? Se lo preguntamos al experto en energía, presidente del Foro Búlgaro de Energía y Minas y ex diputado, Iván Hinovski.

"Teniendo en cuenta el nivel de preparación de la industria búlgara y el sistema energético en Bulgaria, se trata de una medida preventiva contra un rápido aumento de los precios para los hogares. Porque, aunque los precios en los mercados de Europa están bajando y se mantienen estables, aquí esto provocará inevitablemente una subida del 10-15%. Este es un paso encaminado en una buena dirección, ya que 1 o 2 años no son fatales, pero es también una señal negativa de cara a Europa", señala el experto.

Con un buen planteamiento del Gobierno búlgaro y una buena justificación de por qué aplazamos la transición a un mercado libre, es posible que no se llegue a sanciones por parte de Bruselas, opina Iván Hinovski.

"Depende en gran medida de la manera en que se vaya a justificar. Si se utiliza como argumento que Bulgaria se encuentra en un proceso transitorio de unas inversiones muy importantes - la central hidroeléctrica de Chaira, la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, o la creación de nuevas capacidades nucleares - entonces la Comisión Europea lo entendería. Pero tampoco queda descartado que se inicie un procedimiento penal".

"La ausencia de tal mecanismo está frenando la llegada de la justicia a este sector. Seguimos ayudando a algunas personas muy ricas, al mantener unos precios bajos para todos. Y, al mismo tiempo, las personas que podrían - y deberían - pagar unos precios mucho más bajos si se pusiera en marcha este mecanismo de compensación para los hogares pobres en energía, siguen pagando unos precios mucho más altos. La idea es introducir este tipo de justicia social", argumenta Hinovski, explicando por qué el mercado libre es, en última instancia, la mejor opción.

Según la encuesta improvisada que hemos realizado, la mayoría de las personas no están muy familiarizadas con el tema.

Otros, sin embargo, lo tienen claro. Es el ejemplo del joven Antón Nachev, de 30 años, ya doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Sofía, a quien no le preocupa la posibilidad de un aumento de los precios de la electricidad.

"Hipotéticamente, eso sería posible, pero no creo que los consumidores perciban el resultado final como una fuerte subida de precios. Además, podemos ver las estadísticas de Eurostat y de la Comisión Europea, según las cuales los ingresos de la gente están aumentando de forma generalizada, en mayor o menor medida", se muestra optimista Antón.

Llegamos pues a la conclusión de que, definitivamente, es necesaria una campaña informativa sobre el tema por parte del Estado. Es necesaria también la voluntad política. El qué decidirán finalmente los diputados, por el momento eso no lo saben ni siquiera ellos. En las dos semanas que faltan para que el proyecto de ley pase a segunda lectura, deberán aclararse los puntos clave: por cuánto tiempo se pospone la liberalización y cuál será el mecanismo para determinar la pobreza energética. También se prevé que sea el Consejo de Ministros, y no directamente la Comisión Reguladora de Energía y Agua (KEVR), quien fije los precios definitivos tras el informe del regulador energético.

Autor: Iván Gergov

Versión en español y publicación: Alena Markova

Fotos: Pixabay, BGNES, BTA