El caso causa confusión incluso si se expone de una manera simple y, en realidad, es una pequeña parte de toda una serie de contradicciones sin precedente de los últimos días. A causa del escandaloso SMS, la Unión de Jueces envió a la CE una carta en que alarma que el poder ejecutivo interviene en el trabajo del poder judicial y advierte que lo que sucede en Bulgaria perjudica a toda la UE. La Unión de juristas se mostró preocupada de la insolente y arrogante intervención del primer ministro en el trabajo del Consejo Judicial Supremo y también reclamó la intervención de la CE. La ONG Abogados búlgaros para los derechos humanos comentó que el escándalo ha puesto sobre el tapete casos de dependencia de determinados miembros del Consejo Judicial Supremo del poder ejecutivo. La iniciativa cívica Justicia para todos reclamó que el Consejo Judicial Supremo defienda urgentemente la supremacía de la Ley y que esclarezca quién de sus miembros envió el escándaloso SMS al primer ministro y que le sancione por haber perjudicado el prestigio del poder judicial. En muchas ciudades búlgaras hubo manifestaciones de descontento por la ineficiencia de los órganos responsables del orden público.

Como consecuencia de lo que ocurre, el Consejo Judicial Supremo está dividido en mayoría y oposición y, en una entrevista a un periódico capitalino, uno de sus miembros manifiesta que el órgano que supervisa la corrección de la justicia se convirtió en un títere. Las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial, y dentro del propio sistema judicial, no son desde ayer, pero proliferaron días antes del nuevo informe anual de la CE sobre el avance del país en el ámbito de la justicia y el orden interno que se espera el 27 de enero. Lo que ocurre amenaza importantes enmiendas a la Ley del poder judicial, el Código Procesal Penal y el Código Penal, poniendo en tela de juicio la legitimidad de los participantes en este proceso. Resulta que, poco antes de haber arrancado, la reforma judicial se detiene. 

A fin de cuentas, puede resultar que el proverbio, no hay mal que por bien no venga, es aplicable también en esta materia. Si llaman a la CE para que intervenga, esto significa que las organizaciones gremiales del ámbito de la justicia no desean que la reforma del sistema judicial se realice por instituciones nacionales que se han comprometido. En las altas esferas del poder parece que han perdido la convicción de que pueden hacer frente a esta responsable tarea por su cuenta. Representantes oficiales también desean que la CE intervenga en la reforma judicial y, no hace mucho, la ministra de Justicia, Ekaterina Zajarieva, manifestó ante un vice-presidente de la CE, la intención de Bulgaria de invitar a expertos de la comisión y de los países que supervisan la reforma para participar en el diseño de los pasos necesarios. Decepcionada por sus gobernantes, es poco probable que la opinión pública esté en contra.

Versión en español por Hristina Taseva