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El enésimo informe de la CE sobre Bulgaria, ¿qué tiene de nuevo, de viejo y acaso ha de preocuparnos?

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La viceprimera ministra y titular de Relaciones Exteriores Ekaterina Zaharieva, la ministra de Justicia Tsetska Tsacheva y el ministro del Interior, Mladen Marinov, en la sesión informativa del Consejo de Ministros sobre el informe de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Cooperación y Verificación
Foto: BTA

Bulgaria accedió a miembro de la UE a comienzos de 2007 pero sigue siendo objeto de verificación permanente por parte de la UE en los terrenos de Justicia e Interior, Tal tipo de monitoreo se viene aplicando asimismo a Rumanía. Tras incorporarse a la UE hace 11 años y pese a la existencia de problemas en las esferas citadas, los dos países no consiguen justificar a plenitud hasta hoy en día la confianza previamente depositada en ellos. El monitoreo a que están siendo sometidos estos dos países no se ha ejercido con respecto a otros Estados, incluso ni siquiera se ha aplicado a los países que accedieron a la UE después de ellos. Para algunos analistas este hecho es una manifestación de postura discriminatoria, y, para otros, una humillación tanto para Bulgaria y Rumanía como para la UE en su conjunto.

En 2016 se comenzaron a hacer comentarios de que la verificación aplicada a Rumanía podría quedar revocada por los éxitos logrados por ese país, pero no en lo tocante a Bulgaria, cuyos indicadores en aquella fecha no ofrecían fundamentos para tales expectativas. Ahora, en 2018, la Comisión Europea ha considerado que Rumanía ha tenido un retroceso en el proceso de las reformas en el ámbito de la Justicia, que Bulgaria ha avanzado y que para ésta se puede considerar como temporalmente revocado el monitoreo relativo a la independencia del poder judicial, al marco legislativo y a la delincuencia organizada.

Persiste, empero, la verificación con respeto a los tres indicadores restantes: la reforma judicial, la corrupción en las altas esferas del poder y la corrupción en un plano más general. Según Frans Timmermans, vicepresidente de la CE Si Bulgaria continúь esforzándose por cumplir las 17 recomendaciones –relativas a los 6 indicadores monitoreados–del Informe del año pasado en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación , en 2019 el monitoreo podrá quedar revocado.

Muy lógicamente, las constataciones recogidas en el informe sobre Bulgaria han sido animadamente comentadas por los gobernantes. A juicio de Ekaterina Zajarieva, ministra búlgara de Asuntos Exteriores, el informe es objetivo, y, según Tsetska Tsacheva, ministra de Justicia, el documento confirma la irreversibilidad de las reformas. Sin embargo, según el eurodiputado por el PPE, Svetoslav Malinov, con todo,el hecho más importante es que Bulgaria sigue siendo monitoreada.Mientras, Anguel Dzhambazki, otro eurodiputado, opina que idéntico mecanismo de verificación debe ser aplicado también a otros países, incluso a Alemania. Debido a la constatación de la CE de que siguen brillando por su ausencia “resultados consecuentes en Bulgaria en lo concerniente a sentencias condenatorias dictadas en causas penales por corrupción en las altas esferas del poder”, desde el opositor Partido Socialista Búlgaro(BSP por sus siglas en búlgaro) insisten que las recomendaciones sobre la lucha contra la corrupción no han sido cumplidas y que pese a abordar el Mecanismo de Cooperación y Verificación su recta final, siguen en pie las preguntas al Ejecutivo búlgaro.

Un día antes de hacerse público el informe de la CE sobre Bulgaria, trascendió que en el seno del Consejo de la UE se estaba barajando la posibilidad de introducir un monitoreo anual permanente sobre la primacía de la ley en toda la UE. En breve, el Parlamento Europeo deberá pronunciarse sobre una propuesta relativa a la aplicación del mecanismo paneuropeo de monitoreo de la primacía del derecho, adoptado en 2014 pero aplicado hasta ahora en sólo una ocasión.

Se espera que el PE exhorte a que este monitoreo paneuropeo sustituya el Mecanismo de Cooperación y Verificación aplicado con respecto a Bulgaria y Rumanía, Es que no faltan argumentos para ello, a juzgar por el informe de la presidencia austríaca del Consejo de la UE, relativo a la confianza en las instituciones públicas y los principios del Estado de Derecho. Según los datos de 2017, plasmados en este informe, apenas un 37 % de los ciudadanos europeos habían tenido confianza en sus Gobiernos, la credibilidad de los Parlamentos sólo llegaba a un 36 %, y apenas un 42 % de los europeos confiaba en la UE. Sólo un 19 % de las personas encuestadas señalaron fiarse de los partidos políticos.

Sobre este telón de fondo, las inquietudes actuales en torno a si, bajo cuáles condiciones y cuándo sería revocado el monitoreo a Bulgaria en los terrenos de Justicia e Interior, aparecen, quizás, y junto con otras cosas, como poco sustanciales.

Versión en español por Mijail Mijailov



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